Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Parte I. Diez Preguntas Test Exámenes Oficiales Oposición 

Vamos a comentar en nuestro Formato Diez Preguntas, cuestiones que han salido en los exámenes de la Oposición relativas al EBEP,  la ley del  Estatuto básico del empleado público, recogida en el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

1.- Según el artículo 10.3 del texto refundido del Estatuto básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Señala la CORRECTA:

a) Las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos deberán incluirse de modo impostergable en la oferta de empleo público de año en que se haya producido su nombramiento.

b) Su cese se producirá en todo caso, según lo previsto en el artículo 63 del Estatuto básico del empleado público.

c) Las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo público del año siguiente en que se haya producido su nombramiento.

d) El cese se producirá además de por las causas previstas en el artículo 63 del Estatuto básico del empleado público, cuando finalice la causa que dió lugar a su nombramiento.

La respuesta correcta es la d). Art 10.3 EBEP.

Artículo 10. Funcionarios interinos. 

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4. 

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. 

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera. 

3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: 

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. 

4. En el supuesto previsto en el apartado 1.a), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica. 

5. Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

2.-De acuerdo con lo establecido en el art. 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) en relación con el personal interino, indique la afirmación incorrecta:

a) Se nombrarán para la sustitución transitoria de los titulares.

b) Se nombrarán para la ejecución de programas de carácter temporal.

c) Se les aplicará, en cuanto le sea adecuado a su naturaleza, el régimen general de los funcionarios.

d) El procedimiento de selección respetará sólo los principios de publicidad, mérito y capacidad.

La respuesta incorrecta es la d). Art 10.2 EBEP.

3.- Según el EBEP, el cupo de reserva para personas con discapacidad será:

a) No inferior al 7%.

b) No inferior al 3%.

c) No inferior al 5%.

d) No inferior al 10%.

La respuesta correcta es la a). Art 59.1. EBEP.

Artículo 59. Personas con discapacidad. 

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 

2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. 

4.-La condición de funcionario se pierde. Indique la respuesta incorrecta:

a) Por renuncia a la condición de funcionario.

b) Por pérdida de la nacionalidad.

c) Por jubilación parcial del funcionario.

d) Por sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

La respuesta correcta es la c). Art 63 EBEP.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. 

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad. 

c) La jubilación total del funcionario. 

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 

5. Son faltas muy graves según el art.95 del EBEP:

a) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que hayan tenido acceso por razón del cargo.

b) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello no dé lugar a una situación de incompatibilidad.

c) El acoso laboral.

d) Las respuestas a) y c) anteriores son correctas.

La respuesta correcta es la d). Art 95 EBEP.

Artículo 95. Faltas disciplinarias. 

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. 

2. Son faltas muy graves: 

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual. 

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. 

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. 

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. 

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico. 

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. 

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. 

l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. 

ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

o) El acoso laboral. 

p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. 

3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: 

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad. 

b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos. 

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 

4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores circunstancias. 

6.-De acuerdo con la Disposición Adicional 14 del EBEP:

a) Cada Administración pública podrá establecer hasta un máximo de 6 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

b) Cada Administración pública podrá establecer hasta un máximo de 5 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

c) Cada Administración pública podrá establecer hasta un máximo de 4 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

d) Cada Administración pública podrá establecer hasta un máximo de 3 días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados.

La respuesta correcta es la c). Disposición adicional 14 EBEP.

Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad. Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos. 

7. La prescripción de las sanciones y faltas según el EBEP:

a) Las infracciones muy graves prescriben a los 2 años.

b) Las infracciones graves prescriben al año.

c) Las sanciones por faltas muy graves prescriben a los 3 años.

d) Las sanciones por faltas graves prescriben al año.

La respuesta correcta es la d). Art 97 EBEP.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones. 

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora. 

8.- Las funcionarios víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma:

a) Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo que desempeñaban.

b) Durante los 12 primeros meses tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo que desempeñaban.

c) Durante los 18 primeros meses tendrán derecho a reserva de puesto de trabajo que desempeñaban.

d) Tienen derecho a reserva de puesto de trabajo por tiempo indefinido al amparo de lo dispuesto en la Ley de Igualdad.

La respuesta correcta es la a). Art 89.5 EBEP.

Artículo 89. Excedencia 

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 

9.-Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean autorizados para realiza una misión por periodo determinado inferior a seis meses en organismos internacionales.

b) Cuando se desempeñen cargos electivos no retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla.

c) Cuando sean designados para formar parte del Consejo Asesor de la Abogacía del Estado.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

La respuesta correcta es la d). Art 87 EBEP.

Artículo 87. Servicios especiales. 

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

 a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. 

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. 

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. 

f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. 

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. 

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. 

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. 

2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. 

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública. 

4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo.

10.-La jubilación de los funcionarios públicos podrá ser:

a) Voluntaria a instancia del interesado.

b) Forzosa, al cumplir la edad reglamentaria.

c) Por reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es la d). Art 67 EBEP.

Artículo 67. Jubilación. 

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: 

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. 

b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 

c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable.

 3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. 

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. 

11.- Señale cuál de los siguientes no se corresponde con los principios éticos de los funcionarios públicos:

a) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración.

b) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales.

c) Podrán abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear  conflictos de intereses con su puesto público.

d) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden.

La respuesta correcta es la c). Art 53.5 EBEP.

Artículo 53. Principios éticos. 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. 

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. 

12.- El permiso regulado en el art,.49 del EBEP con respecto al cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, el funcionario tendrá derecho a:

a) Siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración, percibiendo las retribuciones íntegras.

b) Siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración, percibiendo la mitad de las retribuciones íntegras.

c) Siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración, percibiendo un tercio de las retribuciones íntegras.

d) Siempre que ambos progenitores trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración, percibiendo tres cuartas partes de las retribuciones  íntegras.

La respuesta correcta es la a). Art 49.e EBEP.

Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género o de violencia sexual y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. 

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas: 

e) Permiso por cuidado de hijo menor, afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo o hija menor de edad, afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o guarda con fines de adopción cumpla los 23 años. A estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años del hijo o del menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fines de adopción, no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. No obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla los 23 años en los supuestos en que el padecimiento del cáncer o enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad, siempre que en el momento de la solicitud se acrediten los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, salvo la edad. Asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. Cuando concurran en ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarias de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario o funcionaria tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora con fines de adopción o acogedora de carácter permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiaria de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones. Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. Cuando la persona enferma contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho, tendrá derecho al permiso quien sea su cónyuge o pareja de hecho, siempre que acredite las condiciones para ser beneficiario. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.

Emilio Blasco. Preparador de Opositores.